En el 23 de octubre de 2007 la jueza María de Andrade decretó la entrada en prisión de una menor por intentar robar un teléfono móvil. Sin embargo, el sistema penitenciario en Brasil está sumamente saturado, y fue confinada junto con treinta hombres en un pabellón. La joven de apenas 15 años, sufrió repetidas violaciones y todo tipo de vejaciones. Los presos la obligaban a practicar relaciones sexuales a cambio de comida y sufrió numerosas quemaduras de cigarrillos. Esta situación suponía un claro peligro para la salud y la integridad física de la menor, así que la Policía pidió con carácter de urgencia el traslado de la joven a otra celda. Sin embargo, según el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, la respuesta a esta petición se produjo 20 días después del aviso, tiempo suficiente para que la menor sufriera, de nuevo, todo tipo de abusos y maltratos.
Ahora el CNJ ha impuesto un castigo a la jueza que muchos consideran insuficiente: la suspensión de su cargo durante dos años. A pesar de esta suspensión la jueza recibirá su salario habitual. Estos casos son tristemente habituales en Brasil, ya que recientemente ha trascendido el caso de una violación pública en Brasil a una menor de 17 años. Estos casos están encendiendo a la sociedad brasileña, que pide una justicia digna y más seguridad en las cárceles.
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